Mientras el proceso de la indemnización y remediación ambiental avanzaba, la petrolera Chevron construía su caso alrededor de nuevos hechos. La tesis de denegación de justicia se transforma en la “existencia” de un escritor fantasma y una confabulación entre los demandantes y el gobierno en perjuicio de la petrolera.

Cuando el juez Nicolás Zambrano emitió la sentencia (febrero de 2011) la petrolera atacó su validez. Chevron pretende sustentar la acusación de ilegitimidad en la declaración juramentada que rindió el exjuez Alberto Guerra en la Corte Federal de Nueva York, dentro de la acción RICO. Según Guerra, los demandantes de Lago Agrio aceptaron una sentencia redactada en su favor.

En una audiencia en Washington D. C. (2015), el Estado desvirtuó las alegaciones de Chevron y no se encontró evidencia de que haya existido transferencia de archivos o memorias USB conectadas, mientras que en el computador del exjuez Guerra no existe un correo, borrador o párrafo de la sentencia que pueda sostener esta “teoría de conspiración”.