El daño ambiental ocasionado por Texaco (predecesora de Chevron) está documentado por la misma compañía. La Procuraduría General del Estado contrató a un equipo técnico de la empresa Louis Berger Group (LBG), que presentó cuatro informes que permitieron concluir que el daño ambiental persiste, que fue causado intencionalmente y que la condena es lógica. 

Texaco empleó métodos que, a largo plazo, tendrían un grave impacto en el ambiente, como la creación de fosas sin revestimiento, la descarga de agua de producción directamente a arroyos y ríos, la falta de pozos de monitoreo, el cubrimiento de caminos de tierra con petróleo, la incineración del crudo derramado, entre otros. 

Además, en julio de 1972 el presidente del Directorio de Texaco, R.C. Shields, envió un memorando “Personal y Confidencial” en el que ordena a los empleados de Texaco en Ecuador no registrar los derrames, a menos que estos ya hubiesen atraído la atención de las autoridades o de la prensa.