El exjuez Alberto Guerra fue presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos y el primer juez a cargo del litigio contra la petrolera. Un contrainterrogatorio realizado por los abogados de la defensa del Estado reveló debilidades en su declaración, lo que le restó credibilidad. 

El jurista afirmó ser beneficiario de un “programa de protección de testigos” de Chevron que incluía traslado a EE. UU., pago de salario mensual, honorarios a sus abogados y pago de sus impuestos.

Guerra reconoció haber mentido, exagerado y modificado los hechos del caso con la finalidad de mejorar su postura de negociación. Además, aceptó no tener evidencia alguna que demuestre su autoría de la sentencia. La defensa del Estado espera que el Tribunal desestime estas declaraciones inconsistentes, que obedecen a la vinculación expresa de Guerra con la petrolera Chevron.