Existe una controversia bajo el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, que entró en vigencia en 1997. Aquí, el reto de Chevron era sentar un reclamo como una controversia de inversión. Texaco, su predecesora, se retiró del país en 1992. Es improcedente, entonces, hablar de una inversión después de ese año, pues no se puede aplicar de forma retroactiva un acuerdo vigente en 1997.

El Tribunal aceptó la teoría de que la inversión sobrevive por haberse celebrado los Acuerdos de Liberación y Finiquito de 1995 y 1998. Así, se interpreta el concepto de “inversión” y de “inversionista” en una forma que –según Ecuador– atropella la lógica jurídica. Chevron, entonces, no tenía una inversión protegida por el tratado. 

El tribunal solicitó a las partes la preparación de argumentos de fondo, lo que significó constantes cambios, pues con cada decisión emitida, la petrolera presentaba nuevos alegatos y contrarrestaba cada argumento. Chevron dispone de recursos millonarios para ejecutar este proceso, pero el tiempo pasa, la contaminación persiste y los habitantes de la Amazonía sobreviven en pésimas condiciones de salubridad.